Principio de legalidad

Toda norma individualizada debe ser creada conforme a lo que establece la norma general. Este principio se denomina "de legalidad".

Los reglamentos deben siempre ajustarse a la Ley. El acto judicial y el acto administrativo como actos de aplicación y los actos particulares deben ajustarse en forma y contenido a la ley y a los reglamentos si éstos existen.

Asimismo, las sanciones y las aplicaciones de los actos coactivos se ajustan a lo establecido en las normas correspondientes.

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El principio de legalidad se puede entender desde un punto de vista material, en cuyo caso su alcance es el de que la norma en la que se funde cualquiera decisión individual tiene que ser una norma de carácter abstracto e impersonal. Puede también ser tomado en un sentido formal, significándose entonces que además de ser una ley desde el punto de vista material, la norma bajo la cual se realice el acto individual debe también tener los caracteres de una ley desde el punto de vista formal, es decir, que de ser una disposición expedida por el Poder que conforme al régimen constitucional esté normalmente encargado de la formación de las leyes.

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Este principio, muy estudiado tanto en el terreno procesal como en el de la ciencia política, significa que la autoridad —el Juez, en este caso— no puede actuar con desapego a aquello para lo que lo facultan determinadas normas jurídicas. Es decir, una autoridad, sea o no jurisdiccional, no debe excederse en cuanto a las atribuciones que las leyes le han conferido.

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La legalidad es un principio básico para todos los integrantes de la administración pública, y consiste en que todos sus actos para ser válidos deben fundarse en una ley que contenga los supuestos para concretarse en acciones de la administración, de tal modo que la ley, además de ser base, es límite de toda actividad ejecutada por la administración, y por ende una garantía de legalidad para los particulares.

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No puede existir intervención pericial que se encuentre fuera de la legalidad, que el sistema de impartición de justicia dicta. Esta legalidad busca proteger los derechos de todos los involucrados en la investigación, porque del correcto proceder pericial se podrá garantizar que las evidencias del delito están verdaderamente relacionadas.

Es por esta necesidad de legalidad que se implementó la cadena de custodia, que busca garantizar que el proceso de investigación de los indicios o evidencias será adecuado y acorde a los estándares que la ley ordena.

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