Juicio de amparo

El amparo mexicano es la institución jurídica por la que una persona física o moral, denominada quejosa, ejercita el derecho de acción ante un órgano jurisdiccional federal o local, para reclamar  de un órgano del Estado,  federal, local o municipal, denominado "autoridad responsable", un  acto o ley  que,  el citado quejoso estima, vulnera las garantías individuales  o el régimen de distribución competencial  entre Federación, Estados y Distrito Federal, respectivamente,  para que se le restituya o mantenga en el goce de sus presuntos derechos, después de agotar los medios de impugnación  ordinarios.

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Desde una noción contemporánea, la expresión «amparo» se utiliza para significar al «juicio constitucional de amparo», es decir, una garantía judicial, un proceso constitucional, un mecanismo de protección específica para salvaguardar los derechos fundamentales dentro de los sistemas de control de la constitucionalidad de leyes y dentro de la concepción genérica de la defensa de la Constitución.

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... es un mecanismo para la protección y defensa de las garantías individuales, el cual evolucionó durante los primeros años de la época independiente, alcanzó una forma clara y sistemática en la Constitución Yucateca de 1841 elaborada por Manuel Crescencio Rejón, hasta cristalizar como medio de control constitucional y protección de los derechos humanos.

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... es el proceso de defensa constitucional frente a actos de autoridad que violen garantías del gobernado, conforme lo prevé la Constitución Federal en su numeral 103. Ergo, el amparo tutela o hace realidad la vigencia de las garantías del gobernado y siendo éstas las protectoras de los derechos humanos frente a las autoridades públicas, el amparo salvaguarda de manera indirecta dichos derechos o prerrogativas cuando se ven contrariados por un servidor público actuando en ejercicio del cargo que tiene encomendado.

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El juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad a través del cual los gobernados pueden impugnar los actos de autoridad estatal de carácter definitivo que estimen violatorios de sus garantías individuales o que, en su perjuicio, vulneren el régimen de competencias entre la Federación y los Estados o el Distrito Federal, con el objeto de que se les restituya en el goce de sus garantías conculcadas.

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... es un medio jurídico que preserva las garantías constitucionales del gobernado contra todo acto de autoridad que las viole; que garantiza en favor del particular el sistema competencial existente entre las autoridades federales y las de los Estados y que, por último, protege toda la Constitución, así como toda la legislación secundaria, con vista a la garantía de legalidad consignada en los artículos 14 y 16 de la Ley Fundamental y en función del interés jurídico particular del gobernado.

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Es un medio de control de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de los actos, normas y omisiones que provienen de las autoridades y de los particulares que actúan como autoridades, el cual se sigue en forma de juicio ante los Tribunales federales y que han considerado como el recurso efectuvo a que se refiere el artículo 8.2 de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos. 

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