Derecho a las buenas prácticas de la administración pública

Es el derecho de todo ser humano a la consolidación de una estrategia de Estado ordenada y dirigida a la mejor satisfacción del interés común, de manera que su gestión y dirección se realice al servicio integral de todos; es decir, que las instituciones públicas se conduzcan por una serie de criterios de buen gobierno para satisfacer las necesidades colectivas.

La Carta de los Derechos fundamentales de la Unión Europea concibe el derecho a una buena administración y buen gobierno como aquel que tiene toda persona a que las instituciones y órganos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable.

Esta prerrogativa aspira a colocar en el centro del sistema a la persona y sus derechos fundamentales, de manera que, la Administración Pública refrende su compromiso para que todos los gobernados puedan ejercerlos en mejores condiciones, lo que comprende, entre otras cosas: transparencia y rendición de cuentas, fiscalización de los recursos públicos, adopción de medidas destinadas a la correcta organización de los bienes y servicios públicos, así como mecanismos de vinculación y participación ciudadana que afronten decididamente la corrupción; todo ello, para impulsar una transformación cultural, que consolide una visión de ética y valores, así como principios rectores que orienten el actuar de los servidores públicos.

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