Principio de relatividad

El principio de relatividad de las sentencias de amparo, llamado también "fórmula Otero"...

...constriñe, como claramente se advierte, el efecto de la sentencia que conceda la protección de la justicia federal solicitada, al quejoso, de manera que quien no haya sido expresamente amparado no puede beneficiarse con la apreciación que acerca de la inconstitucionalidad del acto reclamado haya expresado el juzgador en la mencionada sentencia; es decir, que quien no haya acudido al juicio de garantías, ni, por lo mismo, haya sido amparado contra determinados ley o acto, está obligado a acatarlos no obstante que dichos ley o acto hayan sido estimados contrarios a la Carta Magna en un juicio en el que aquél no fue parte quejosa.

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En virtud del principio de relatividad, teóricamente,  la sentencia de amparo que se dicte,  en sus puntos resolutivos, ha de abstenerse de hacer declaraciones generales y ha de limitarse a conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso que instauró la demanda de amparo, respecto del acto o ley de la autoridad estatal responsable que constituyó la materia del amparo, sin abarcar otras autoridades que no fueron parte, ni otros actos reclamados que no fueron ventilados en el amparo.

El principio de relatividad de las sentencias de amparo se desarrolla dentro del principio general de derecho denominado "res inter alios acta" que limita los efectos jurídicos  de los actos jurídicos a los sujetos que participaron en el correspondiente negocio jurídico. La sentencia es un acto  jurídico, por tanto, se mantiene la tradición jurídica en el sentido de que,  el fallo no trascienda a sujetos que no  participaron en el litigio y no  afecte situaciones que no se llevaron  a la controversia.

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El principio de relatividad de las sentencias de amparo se establece en el artículo 107, fracción II, primer párrafo, de la Constitución Federal, así como en el numeral 76 de la Ley de Amparo.

Este principio, rector de las sentencias de amparo, obliga a los tribunales de amparo a otorgar su protección sólo respecto del caso particular que haya dado lugar al juicio —es decir, al quejoso que instauró la demanda de amparo y respecto del acto de autoridad que constituyó la materia del juicio—, sin poder dar a sus sentencias efectos generales o erga omnes.

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